El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) llevó a cabo una investigación para estudiar el rol que el Estado venezolano ha venido cumpliendo en materia alimentaria. Sus resultados documentaron que la desnutrición, trabas a la producción y diversas leyes económicas han sido factores de violación al derecho humano de la alimentación.
Lissette González (@LissetteCGA), socióloga, coordinadora de monitoreo, investigación y medios de Provea, explicó en el programa En Este País, de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que el Estado tiene la obligación de respetar la alimentación adecuada y no la está cumpliendo a cabalidad.
“En el análisis que hicimos sobre las obligaciones que debe cumplir el Estado con respecto a la alimentación encontramos una fuerte violación sobre el respeto al sistema alimentario y acceso a la alimentación adecuada. En décadas pasadas vimos cómo se atentó contra ella con los controles de precios, la ley de costos y precios justos, la ley de ilícitos económicos; eso puso en riesgo a productores y disminuyó la producción de alimentos”.
El informe de Provea también señaló que a esos factores negativos, se le suman la fiscalización agresiva, los ataques a productores, la existencia de guías de movilización y alcabalas para la corrupción.
“También hay que decirlo, el informe señala que las sanciones al Estado tuvieron un efecto negativo en la capacidad de producir alimentos. El gobierno ha usado los CLAP como un programa para mejorar la alimentación de la población pero la mayoría de sus productos son importados y no se establece sobre ellos las normas sanitarias que sí se le aplican a la producción nacional. Eso no permite garantizar la calidad y no protege a la población de posibles efectos nocivos de estos alimentos de baja calidad”.
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