Recientemente se cumplieron tres años de la muerte del concejal Fernando Albán bajo custodia del Estado. Esa misma semana, la jueza Kenia Carrillo absolvió al sargento primero de la Fuerza Aérea, Arli Cleiwi Méndez, señalado de dispararle mortalmente a David Vallenilla en el marco de las protestas de 2017.
El Ministerio Público actuó en el segundo caso y apeló esta decisión, aunque el padre de David Vallenilla descartó que la misma se haya logrado por la actuación de Tarek William Saab.
“La apelación de la corte se debe a la solicitud hecha por mi abogada y no a la que hizo Tarek William Saab y el Ministerio Público”, dijo.
Marino Alvarado (@marinoalavarado), coordinador de Investigación de Provea, explicó que esa es una estrategia que viene utilizando el gobierno, la cual calificó como “simulación de justicia”. Agregó que la misma se aplica para investigar a funcionarios de rangos bajos y así dar una sensación de estar actuando en favor de los derechos humanos.
“El gobierno de Maduro se ha trazado, en los últimos cuatro meses, una estrategia de simulación de justicia. Esta consiste en adelantar investigaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo sentencias, pero son pocos los casos para las violaciones masivas. Las sanciones se han definido en penas para funcionarios de rango bajo pero no hay investigación para la cadena de mando”, dijo.
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