En la última actualización oral del informe sobre Derechos Humanos en Venezuela que presentó la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la expresidenta chilena reconoció “pasos para fortalecer el estado de derecho”, pero se mostró preocupada porque sus funcionarios no están teniendo acceso al Sebin, DGCIM y otras cárceles militares, precisamente las mismas de las que se han hecho reiteradas denuncias de tratos crueles.
Gabriela Buada, periodista, defensora de derechos humanos y directora del Caleidoscopio Humano en Caracas, explicó en el programa En Este País, que se transmite por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que este dato es gravísimo debido a que en estos recintos están en el centro de atención de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
“En esta actualización oral se anunciaron elementos que no estaban en el informe publicado antes por los medios de la ONU. Sin duda alguna de los datos más graves que facilitó Bachelet fue comentar que no tiene acceso a las oficinas y cárceles militares de Venezuela en las que se conocen denuncias de torturas. Allí ha habido muertes a manos de custodios como el caso del capitán Acosta Arévalo, que lo menciona en el documento”.
Precisamente la Corte Penal Internacional lleva a cabo una investigación formal para determinar si ha habido casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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