La Corte Penal Internacional abrió una investigación para determinar presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en el país, pero la misma se ralentizó. El expediente denominado “Venezuela 1” ha encontrado resistencia por parte del Estado venezolano, aunque expertos indican que deben irse resolviendo pronto.
Calixto Ávila Rincón, abogado y defensor de derechos humanos, explicó en el programa “En Este País”, que se transmite por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que el Estado venezolano hizo una serie de solicitudes para evitar que la investigación siguiera su curso.
“La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela está en una suerte de limbo que debe ser resuelto pronto. El gobierno venezolano pidió que el fiscal Karim Khan se inhibiera y entregara la investigación al Estado, que ellos administrarían justicia, pero el fiscal con base a la información recibida decidió que eso no procedía y, por el contrario, pidió a los jueces de la Sala de Casos Preliminares que le autorizaran a seguir”.
Recientemente la Corte Penal Internacional publicó un formulario para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela puedan relatar sus experiencias y rendir testimonio como parte de la investigación.
“Las funciones del fiscal están suspendidas, la investigación está en suspenso hasta que los jueces decidan si autorizan que la misma continúe. Con base en los precedentes de Filipinas y Afganistán, los jueces de la CPI aseguraron que la participación de las víctimas debe garantizarse, así que ordenaron a la fiscalía recoger información sobre ellas con un formulario, confidencial, acompañados por un sumario donde se eliminan las menciones de las víctimas. A este sí tiene acceso el Estado”.
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